Desclasados, nunca trabajadores

Compartimos y difundimos comunicado de CORREPI sobre la protesta de prefectos y gendarmes.

CORREPI repudia la asonada del aparato represivo del Estado.

El conflicto por la paga de los prefectos y gendarmes, que se ha extendido por todo el país, y que amenaza con extenderse a otras fuerzas represivas, pone en evidencia  la verdadera naturaleza de su despreciable función.

Con este motín, una falsedad queda al descubierto: no existe la profesionalización ni la democratización de las fuerzas represivas como garantía de paz social. La represión es, antes que nada, expresión del monopolio de la violencia del Estado, en una sociedad con privilegios de clase.

La naturaleza del reclamo (estrictamente monetario) pone también en evidencia otra falsedad: no es sindicalizando a las fuerzas de represión como se logra desbaratar su enorme capacidad de violencia sobre el pueblo pobre. La sindicalización, sólo mejora su relación con el Estado, pero no cambia la perversa naturaleza de su razón de ser.

Los prefectos, gendarmes, y el resto de los represores, no son trabajadores; no se trata de una huelga, sino un motín o asonada. La obtención de sus objetivos, más que acercarlos al pueblo, los envalentonará aún más para ejercer la función para la que existen: reprimirlo.

El hecho de que los policías provengan en gran medida del pueblo no significa nada. Es la existencia la que determina la conciencia. Y la existencia no se encuentra determinada por la percepción de un salario sino por la función social que se ejerce. Aquél que, perteneciendo por origen a la clase trabajadora, se vuelve policía, es un policía de la burguesía y no un trabajador. Todo policía está entrenado para reprimir al pueblo cuando éste se moviliza por sus justas reivindicaciones. Además, saben que los gobiernos cambian, pero la policía permanece.

La relación entre la clase dominante y el pueblo pobre es la de una guerra de clases, algunas veces más evidentes, otras, más larvada. Aunque se la disfrace mediante discursos que apelan a la paz social o a la justicia social, a la igualdad de oportunidades o de derechos, a la naturalidad del dominio de un ser humano por sobre otros, no significa que, porque las fuerzas represivas encaren un reclamo salarial, hayan abandonado, por un segundo, su función de perro guardián. Morder y cumplir la función del perro, no implica ser el amo. El perro le pertenece al amo, le obedece, cumple.

Es la naturaleza misma de su despreciable función, la que torna insostenible el argumento de “si los ganamos, si los aparateamos, si conseguimos que se autodepuren y defiendan organizados, como trabajadores, entonces quebramos al sistema opresor”.

Casi la misma “lógica-absurda” que los quiere profesionales y democráticos.

Estamos ante quienes postulan el posibilismo, esa despreciable posición para legitimar al capitalismo desde posiciones presuntamente progresistas; es decir, de quienes no se atreven a ser abiertamente capitalistas.

Todas las experiencias de sindicalización (en Argentina existen varias agrupaciones o asociaciones de policías y miembros del aparato represivo del Estado) conducen inexorablemente a mejorar la capacidad de fuego, y las condiciones en las que ejercen la represión.

El sistema capitalista no se concibe sin trabajadores disciplinados para tolerar los niveles de explotación y alienación. Cualquier atisbo de levantamiento provoca la suelta de la jauría. Porque no pueden prescindir de los trabajadores, necesitan todavía más de la policía, gendarmes, prefectos y todo pedigree por el estilo.

Los reclamos por la paga, son mostrados por derecha, y por alguna izquierda también, como un reclamo laboral más. Con esposas e hijos aplaudiendo a columnas de uniformados que entran vociferando mientras entorpecen el tráfico, el panorama se parece mucho al de los numerosos reclamos que se formulan los trabajadores.

La diferencia – entre otras-  es que en estos reclamos no hay nadie legitimado con balas y gases amenazando con reprimir.

Los reclamos por la paga de prefectos y compañía, llevan a graves preocupaciones de funcionarios y legisladores, que intentan rápidamente disolver el conflicto cumpliendo con cada uno de los requerimientos, a diferencia de cuando el recorte se opera sobre los salarios de los empleados públicos.

Se trabaja en las fábricas y en los comercios, se trabaja en las obras y en el campo, en la montaña y en el agua, se trabaja en las oficinas y en los hospitales, en espacios públicos y privados.

Formando parte del aparato represivo, NO SE TRABAJA, SE CUMPLE LA FUNCIÓN DE DISCIPLINAR Y CONTROLAR A LOS QUE TRABAJAN, lo que impacta en la subjetividad de la clase trabajadora.

Eso se hace, con o sin profesionalismo, con o sin instrucción democrática, con o sin cursos de derechos humanos, con o sin sindicalización. En todos los casos, quienes cumplen esa función inherente al monopolio de la fuerza por parte del Estado, reciben también otros favores de parte del mismo Estado a la hora de examinar sus conductas (impunidad, ventajas, beneficios procesales, asistencia jurídica, etc). Y no es casual que salgan a exigir más beneficios cuando más visible se hace la necesidad que el gobierno de turno tiene de las que la ministra llama sus “fuerzas de confianza”, las “profesionales”, las “no corruptas”, para invadir los barrios, patrullar las calles y prevenir, con la invasión uniformada, cualquier atisbo de más organización popular.

Lo que verdaderamente importa, es que esté garantizado ese monopolio del ejercicio de la fuerza  para desplegarla contra las masas.

Recordamos que los que reclaman, son los mismos que hace poquitos días desalojaron salvajementela Panamericana y apalearon y metieron presos a 60 trabajadores en Campo de Mayo (por primera vez desde 1983), cuando se conmemoraba el día del detenido desaparecido, por orden de un ex carapintada, segundo de la ministra más “progre” del “gobierno de los derechos humanos”; los mismos que en 2005 y 2006 militarizaron y torturaron en Las Heras y reprimieron a los trabajadores pesqueros en Mar del Plata; los mismos que, en 2007, reprimieron a los trabajadores del Casino; los mismos que se infiltran y espían trabajadores con el “Proyecto X”; en fin, los mismos que, en 1999, asesinaron a Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el puente de Corrientes, cuando la ministra más “progre” del “gobierno de los derechos humanos”, era la viceministra del Interior del gobierno de la Alianza.

Buenos Aires, 3 de octubre de 2012.-

 

CORREPI

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar

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El Forista N° 9 Septiembre 2012

 

Compañeros, ya está disponible para descargar un nuevo número de “El Forista”, boletín de nuestra organización, del mes de Septiembre de 2012.

¡Salud y Anarquía!

 

 

El Forista Nº 9 Septiembre 2012

Criminalizar al disidente, el arma más potente

Comunicado de la Federación Obrera Regional Argentina frente a la Ley Antiterrorista

Asociar la disidencia con la violencia es uno de los métodos más eficaces para acabar con cualquier atisbo de resistencia social, ya que amparándose en la defensa de la seguridad ciudadana, los gobiernos han encontrado un pretexto recurrente para aniquilar los derechos más elementales.

Acatando el consejo estadounidense que amenazaba con excluir a Argentina de la lista de países “confiables para los inversores”, se ha promulgado una Ley Antiterrorista, que calcando el patrón diseñado desde hace décadas por las nefastas democracias neoliberales europeas, esconde una clara voluntad represiva contra militantes y luchadores sociales.

La normativa, basada en definiciones laxas, tipifica como terroristas actos sobre los que ni siquiera existe un consenso jurídico generalizado como las conexiones internacionales, la apología o la pertenencia a asociaciones ilícitas. Dicho de otro modo, bajo el telón del “terrorismo” se está enmascarando la criminalización de los cortes de ruta, el escrache, la solidaridad con detenidos políticos o reclamos tan básicos como la libertad sindical ya que “buscan obligar a un gobierno a cometer un acto”.

Sin embargo, pese a que el abanico de posibles terroristas se ha ampliado de manera notable, no se encuentran incluidos en la Ley los dos actos de terrorismo más comunes en Argentina: el de Estado y el Patronal, que “mediante la comisión de delitos se proponen aterrorizar a la población, contando con armas y medios para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas”.

Los casos de gatillo fácil, la muerte de militantes a manos de patotas sindicales, el trabajo en negro o lo precariedad laboral seguirán siendo delitos menores y por supuesto incomparables con actos tan peligrosos como manifestarse exigiendo mejores salariales o repartir panfletos que denuncien la brutalidad policial.

Así las cosas, a partir de ahora, todos somos terroristas o sospechosos de serlo hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, los verdaderos terroristas seguirán sentados en el Congreso y el Senado legislando.

Consejo Federal
FORA – AIT
prensa@fora-ait.com.ar
http://www.fora-ait.com.ar

Sobre el Estado, la democracia y las elecciones

El Estado es parte constitutiva de la sociedad capitalista y su contradictoria articulación en clases sociales. Dicho esto, podemos afirmar que la formación del Estado argentino (como la de gran parte de los Estados a nivel mundial) ha sido la forma de legitimar el poder y la dominación de una clase social sobre otra.

El desarrollo del capitalismo en el territorio nacional tras proclamarse la independencia, abrió las puertas para que la clase social dominante de aquel entonces -la burguesía mercantil, terratenientes y la Iglesia-, sea la piedra angular del incipiente proceso formativo que daría lugar al surgimiento del Estado nacional. Decimos que fue un proceso, porque el surgimiento de un Estado no es algo que se da de un día para el otro, ni tampoco es creado, en el sentido de que alguien formalice su existencia mediante un acto ritual.

Junto con el fortalecimiento del Estado nacional (a finales del siglo XIX), se consolidan las relaciones de producción capitalistas. Ya entrando en el siglo XX, la democracia aparece como forma política de ese Estado, mediante la implantación de la Ley Saenz Peña, la aparición de los partidos políticos, y posteriormente con el sufragio femenino.

La democracia se consolida no solo como una forma de gobierno, sino como la forma de vivir que nos impone el capitalismo. Es, en sí, la conciliación entre explotadores y explotados. Se nos presenta a la sociedad como compuesta por  ciudadanos de un mismo Estado, reconocidos como “iguales” ante la ley, ocultando el antagonismo existente.

Esta forma de gobierno se legitima con el ritual de la votación, e, incluso independientemente de sus resultados; es igual que gane uno u otro, todos los partidos son parte del sistema y actúan de acuerdo a sus limites.

Dentro de la democracia, los partidos políticos no son más que máquinas de administración empeñándose en juntar lo que de por si se encuentra en contradicción: reconciliar el individuo con la sociedad, reconciliar la ecología con la economía, la técnica con el trabajo humano, y todo esto a base de una economía mercantil que ha producido todas estas contradicciones.

La confusión que en sí mismo tiene el término democracia, es utilizada por todos designando a la vez lo que hay y lo que debería haber, sirviendo a la vez de justificación y aceptación de la realidad existente y de estímulo para luchar en contra. A esto contribuyen el Estado y el Capital, quienes rentabilizan esta confusión hasta convertir la oposición dictadura-democracia en algo excluyente, hasta lograr que la democracia sea aceptada, convirtiendo así el sometimiento en consenso.

La democracia es una forma enajenada de estructurar la sociabilidad humana. Es el modelo mejor acabado, hasta ahora, de que se ha dotado el Capital. Por eso la criticamos y luchamos por poner en su lugar otra forma social –el comunismo anárquico- más allá de las escisiones que aquella opera entre productor y consumidor, entre individuo y sociedad. Una forma que permita el desarrollo de la actividad; que permita que nuestra actividad no quede reducida a trabajo, que nuestros deseos no queden reducidos al consumo.

Desde la Federación Obrera Regional Argentina no solo no esperamos nada de los partidos políticos, sino que nos posicionamos de frente a ellos y los combatimos despiadadamente. Y una vez más, reafirmamos que nuestro objetivo no sólo es la lucha directa por la conquista de mejoras económicas y morales dentro de la situación actual, sino que pretendemos destruir el régimen económico y político vigente, esto es el capitalismo y la democracia.

 

Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Rosario